Blog

En Castilla-La Mancha, se produjeron en 2016 hasta 28 accidentes laborales con víctimas mortales. Hasta el pasado mes de agosto ya se han producido otros 17. Incluso a la espera de los datos de cierre del año, la tendencia de la siniestralidad laboral es al alza y la comunidad autónoma es la segunda en todo el país con mayor índice de incidencia de accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores, después de Baleares. En realidad, ese aumento se da en todo el país. ¿Qué está sucediendo? Se acumulan un conjunto de factores que fueron analizados por la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo (AVALTO) en el pasado Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha. Ese colectivo, que acaba de cumplir diez años, apunta al incumplimiento de la ley, a la falta de inspectores y a que no existen ya campañas de concienciación. Y no lo entienden, “cuando estamos hablando todo el rato de vidas humanas”.

Según datos desagregados del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras unos años de descenso en las cifras de siniestralidad, en los últimos años se ha producido un repunte. La forma más clarificadora de valorarlo son las tasas de incidencia. Castilla-La Mancha ocupa el segundo lugar en esta tabla con 338 accidentes por cada 100.000 trabajadores, solo por detrás de Baleares, con 420; y muy por encima de la media nacional, ubicada en 278.

La perspectiva que ofrece el Gobierno regional, sin embargo, es más optimista. Según la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral, la tasa de incidencia ha bajado un 3% en el periodo de enero a septiembre, comparado con 2016. Asimismo, resalta que la tasa de accidentes graves se reduce un 6,8% y la de accidentes mortales ha bajado el 12,6%. La Junta también apunta que la evolución en términos absolutos de los accidentes en jornada también presenta descensos generalizados, especialmente en accidentes graves y mortales.

Aquí AVALTO discrepa, al menos en la visión de la comparativa. Manuel Prior, su presidente, detalla que la cifra más baja de accidentes mortales se produjo en 2014, con 22 siniestros, y desde entonces hasta ahora ha ido subiendo. El colectivo calcula que en los últimos tres años ha subido en torno al 25% la siniestralidad en toda la región, un fenómeno que principalmente se debe al incumplimiento de la Ley estatal de Prevención de Riesgos Laborales y al hecho de que haya muchos empresarios que “prefieren pagar un seguro privado de accidentes antes que implantar en su compañía el modelo preventivo”.

Varios niveles de responsabilidad

En realidad, la asociación considera que hay varios niveles de responsabilidad. Recalca que solo con que los empresarios cumpliesen la normativa, se evitaría un 99% de los accidentes. Ahí la empresa es “un actor fundamental”. Explica que si la normativa estatal sirvió hace más de 20 años para “cambiar el chip” en torno a la siniestralidad laboral, hoy ya no es así. “Pero cuando no se cumple, la responsabilidad es de la Administración, que es la garante de la ley”.

Y en el último estrato estaría la fase judicial. “Ahí la situación no mejora porque la justicia en este aspecto es tenebrosa. No conocemos a ningún empresario que esté en la cárcel por un incumplimiento de este tipo, hay una impunidad total”. Aparte de que los procesos van “tarde, lento y mal”, las víctimas pueden estar hasta siete años metidas en un proceso judicial, “con lo que supone de desgaste personal”, para luego conseguir sentencias como “arrestos domiciliarios de fin de semana”. “Es totalmente anacrónico”, lamenta.

“Si a un empresario le condenaran a 10 o 15 años de cárcel por no aplicar la ley y provocar la muerte de un trabajador, el que viene detrás se lo pensaría, pero si se deja en manos de los seguros, no hacemos nada”, destaca Manuel Prior. Se refiere también al hecho de que la mayoría de los planes de prevención y formación los realizan particulares y son “muy baratos y de dudoso rendimiento”, lo que convierte a la seguridad laboral en “mercantilismo puro y duro”.

Pero las administraciones públicas también tienen su responsabilidad. Desde el Gobierno central, en la presente legislatura, no se ha hecho una sola campaña publicitaria sobre siniestralidad, y de hecho en AVALTO han constatado que se están desmantelando las fiscalías especializadas en todo el país. En esos casos, es la administración regional la que tiene que intervenir con los inspectores y “ahí también somos críticos”. Quieren más inspectores, más dinero, “porque hablamos de vidas humanas”. Explican que el Gobierno autonómico anterior de María Dolores Cospedal redujo el presupuesto de seguridad y salud laboral de 12,5 millones a 1,2 millones. Ahora se ha vuelto a subir un 11%. “Nos parece ridículo pero entendemos la falta de financiación estatal”.

Desde esta asociación han apoyado el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2017-2021 firmado entre la Administración los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CECAM. Ahora quieren que se cumpla. Y al mismo tiempo siguen esperando desde hace ocho años nuevas campañas institucionales que visibilicen la inseguridad laboral de los trabajadores. “Porque esto no es una estadística cualquiera, son vidas humanas y que la siniestralidad suba nos parece inaceptable en pleno siglo XXI”. Ahí es donde echan en falta algo de voluntad política: que esta cuestión esté entre las prioridades de Gobierno.

Hay otros factores que también destacan en la siniestralidad. Manuel Prior habla de las enfermedades laborales y de la precariedad laboral, como consecuencia de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. “Hay una relación directa entre la precariedad y la siniestralidad, porque es gente que trabaja bajo cuerda, en empresas que no cumplen, y como no tienen derechos no pueden reclamar y tampoco las empresas dan parte”.

En esta lucha se han empleado también los sindicatos de la región. UGT ha sido una de las organizaciones que más se ha empleado en la denuncia de la siniestralidad, mientras que el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha señalado que los accidentes laborales son la consecuencia de una “mala praxis”, de un “mal endémico que hay en nuestro país”.

“No se trata de criminalizar al empresariado, hay empresarios que lo hacen bien y que cuentan en las empresas con las necesarias medidas para salvaguardar la salud y la vida de sus empleados, pero hay otros muchos que lo hacen mal, que obligan a sus trabajadores a trabajar sin medidas de prevención de riesgos laborales y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley”. También vincula con este tema el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que “ha provocado un repunte de la siniestralidad en los últimos años en nuestra región”.

Fuente: www.eldiario.es