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07

Abr, 2020

La Generalitat Valenciana intenta evitar que se aplique la ley de Prevención de Riesgos Laborales a los sanitarios infectados por la falta de material

#PRL #Prevención #Sanitarios #Trabajo #materialsanitario #COVID19 #Coronavi



El pleito entre el Sindicato Médico CESM-CV y la Generalitat Valenciana ha revelado que la primera compra masiva de mascarillas para luchar contra el coronvirus por parte de la Conselleria de Sanidad no se produjo hasta el 17 de marzo. Antes, desde el día 10, el departamento que dirige Ana Barceló había inciado la compra de soluciones hidroalcohólicas, según la información presentada por la Abogacía de la Generalitat en los tres procesos abiertos en sendos jugados por la falta de suministros para la protección de los sanitarios.

El pasado viernes 3 de abril se produjo la vista entre el Sindicato Médico y la Generalitat por la medida cautelar decretada por el juzgado de lo Social número 10 de València que exigía que en 24 horas la administración debía surtir a los sanitarios de todo el material de protección necesario. La Abogacía de la Generalitat se había opuesto a esa medida cautelar del pasado 26 de marzo, por lo que ambas partes se vieron el viernes para proponer sus argumentos.


El Sindicato Médico denuncia la falta de entrega de EPI por la Conselleria de Sanidad al personal sanitario que le permitiera trabajar en condiciones mínimas de protección de su derecho a la salud e integridad física. De hecho, una prueba para ellos son la gran cantidad de sanitarios infectados en la sanidad en comparación a otros países europeos por la falta de material de protección, aseguran desde el CESM-CV.

La Abogacía de la Generalitat alegó en la vista oral del pasado viernes que la normativa de prevención de riesgos laborales no se podría aplicar en la falta de entrega de material a los sanitarios por encontrarnos en estado de alarma. Según explicaron desde la Abogacía de la Generalitat, se basan en un sentencia de Estrasburgo que aplica la Directiva 89/391 para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Entienden en el Sindicato Médico que esta argumentación no tienen fundamento porque la administración podría haber actuado protegiendo a sus sanitarios con una mejor organización. "El posible delito con los derechos de los trabajadores en esta actuación es claro y meridiano", apuntan fuentes conocedoras de la vista que se produjo el pasado viernes. Aunque esta actuación penal sería otro camino que deberían abrir los interesados o el Ministerio Público de oficio.

Sobre las primeras compras de material, desde el Sindicato Médico plantearon en la vista que la falta de stock y el hecho de que no se realizara una primera compra de mascarillas hasta el 17 de marzo evidencia una falta de previsión absoluta.

El juez no pudo resolver el viernes porque la Abogacía de la Generalitat propuso que el juzgado de lo Social no es competente para ver este caso y que se debía acudir al Contencioso-administrativo. Al tener que informar la Fiscalía sobre la competencia del juzgado, la resolución posiblemente no vea la luz hasta este martes o el miércoles.

De momento, varios jueces han matizado su petición de urgencia de dotación de material hasta que exista esa posibilidad en un mercado que se ha complicado, aunque instan a la administración a hacerlo. 




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